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En la ciudad catamarqueña de Andalgalá se respira lucha. Porque la multinacional minera Yamana Gold y el gobierno justicialista de Raul Jalil intentan imponer el proyecto “Agua Rica”, que podría significar graves daños al medio ambiente característico de las Sierras de Aconquija (centro-este de Catamarca), con lo que eso implica. Es por ello que ese pueblo, ya acostumbrado a estas disputas socioterritoriales, viene marchando desde hace once años por la paralización de esta obra.
Siendo claros, con esta situación se abren dos opciones bien contrapuestas: o una megaminería de carácter extractivo que saquea los recursos naturales, contamina el ambiente y deja muy pocos beneficios para la sociedad, o un territorio protegido por su pueblo, con sus ríos y montañas preservadas para las futuras generaciones. Según encuestas realizadas el 80% de los andalgalenses están en contra de este tipo de minería. Hablamos de cientos de miles de litros de agua usada a diario por la megaminera para depurar la roca, con indicios de un riesgo hídrico alarmante para una provincia donde el bien común más preciado (el agua, no el oro) escasea. En pocas palabras, este tipo de extractivismo atenta contra la salud de la población y sabotea cualquier tipo de actividad rural y/o turística que se intente establecer en aquella zona de la provincia.
El proyecto “Agua Rica” se ubica a 17km del pueblo y al lado de la naciente del rio Minas, que es uno de los principales afluentes del rio Andalgalá, la fuente de agua más importante del departamento homónimo. Valga señalar que este proyecto, al igual que el de Bajo Alumbrera ubicado a pocos kilómetros de distancia, se enclava en territorio de glaciares permanentes, por lo que infringen la Ley Nº 26.639, popularmente conocida como Ley de Glaciares[1]. Ante este marco ¿Cuáles son las respuestas de las autoridades? Ocultamiento de la información, represión y detenidos al pueblo que ve que menos que generar progreso y desarrollo para la gente, se llevan sus recursos metalíferos junto con su agua, dejando un panorama desolador para el ambiente.
El 10 de abril pasado fueron detenidos un grupo de ambientalistas que reclamaban en contra de este proyecto, como lo vienen haciendo desde hace años. Walter Mansilla, uno de los detenidos recientemente liberado, expresó: “Me tiraron en el piso boca abajo y uno de los policías me pisó los talones (...) otros me saltaban sobre mi espalda (...) otros dos comenzaron a patearme en el suelo (...) me torcieron las manos (...) vino otro policía y puso su rodilla en mi cuello para asfixiarme (...) no me podía mover de los golpes que me habían dado”[2].
La respuesta política y judicial a esta situación es de un total alineamiento con la empresa que lleva a cabo Agua Rica. Y lo que resulta más grave es el discurso del gobierno nacional a favor de la megamineria insostenible, como en el caso de intento de zonificación minera en Chubut, bregando por profundizar este proceso para “atraer divisas” e inversiones al país. Y como las leyes no se hacen valer prima la violencia en extraños momentos de una democracia resquebrajada con medios de comunicación masivos afines a desinformar o quitar de la agenda pública estos debates tan necesarios para el pueblo. Como avizoramos en otras notas relacionadas, la grieta política se difumina en el escenario del modelo económico que impera actualmente.
Esperamos que las detenciones injustificadas visibilicen por un lado la criminalización de la protesta popular en el interior de nuestro país, y por otro lado el paradójico caso de una provincia que se encuentra en emergencia hídrica desde el año pasado y que sin embargo planea seguir apoyando una actividad que agota el bien más valioso para la vida como lo es el agua. Mientras nos planteamos el rumbo de esta pandemia es fundamental discutir qué modelo de desarrollo buscamos a largo plazo, qué hablamos cuando hablamos de desarrollo (no solo económico sino en su más amplio concepto), abordando como eje las consecuencias que conlleva este capitalismo depredador sobre los territorios y las comunidades que allí viven. La lucha sigue en Andalgalá.
Nota al pie [1] La Ley 26.639 de la Nación Argentina, más conocida como Ley de protección de glaciares, establece los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial con el objetivo de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico.1 Los glaciares constituyen bienes de carácter público. [2] Extraído de Agencia Tierra Viva.
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