Hoy es un día para recordar el inicio de las atrocidades conllevadas por la última dictadura cívico militar en nuestro país. Hace exactamente 45 años se suspendió el sistema de derecho en todo el territorio y se persiguió a todos aquellas personas que el régimen entrante consideraba “sospechosa”, “subversiva” o “contacto estrecho” solo por ser familiar o conocido. Quizás pasado estos años no podamos comprender en su magnitud lo que implicó esta ruptura en la sociedad, que dejó heridas para siempre en el pueblo argentino, las cuales hoy vemos. Porque además de los miles de secuestrados, torturados y desaparecidos bajo la dictadura, se trató de un golpe de timón en la vida económica de aquel momento. El llamado Proceso de Reorganización Nacional comandado por las brutales Fuerzas Armadas también significó la destrucción del aparato productivo desarrollado luego de la Gran Depresión de los años treinta, la famosa sustitución de importaciones por la cual, bajo distintas gestiones, puso en marcha la etapa industrialización y, paralelamente, el ingreso de gruesas capas populares al mundo de la producción y consumo de bienes y servicios. En este marco creció el movimiento obrero y su organización en distintas ciudades, así como el porcentaje de sindicalización y con él el aumento de la protesta social, la obtención de valiosos derechos laborales y cívicos (por ejemplo la ley de voto femenino, impulsado por Eva Perón).
Dicha estructura económica y social se vio duramente trastocada con el ingreso abrupto de las Fuerzas Armadas al gobierno nacional, y aunque hubo varios Golpes de Estado previamente, el de 1976 dio el tiro de des-gracia definitivo para el país. La dictadura, como decía más arriba, fue proscriptora y represora de la vida social y política: volcaba en su discurso la vuelta al orden conservador por sobre todo, con la mano dura como eje para apaciguar los fragores de la lucha intestina que teóricamente venía a combatir, defendiendo los privilegios de clase con reformas económicas que apuntaban a una total liberalización del mercado, sin la injerencia estatal del periodo anterior. Fue en esos años cuando la deuda publica contraída con el Fondo Monetario Internacional -que valga señalar auspició el golpe- aumentó estrepitosamente (más de diez veces la existente). Mientras se jugaba el mundial de 1978, se despilfarraba dinero que supuestamente iba ir a obras públicas, pero eso no sucedió. La fuga de capitales fue escandalosa y a partir de allí familiar para el pueblo argentino. En este contexto empezó a evidenciarse una suba de la desocupación cuando la industria nacional se vio amenazada por el ingreso indiscriminado de bienes extranjeros, que competían desigualmente en precio y tecnología respecto a los locales.
Esta destrucción del aparato productivo aparejó también la progresiva degradación del movimiento obrero y sindical, con cada vez menos espacios de reclamos, a causa de la persecución de la que eran víctimas. No era posible la organización y solo la clandestinidad resultaba un subterfugio para los que querían luchar contra la opresión reinante de un régimen alabado por las grandes compañías y los medios de comunicación, que hacían la vista gorda a los sucesos de desaparición sistemática de personas en distintos puntos del país. En resumen, para la gestión golpeadora el binomio prioritario en su agenda fue: extremo liberalismo económico- cercenamiento inquebrantable de derechos políticos y cívicos.
Por supuesto que Argentina no fue un caso aislado en el concierto de los gobiernos de Latinoamérica: en los setenta se sucedían, país tras país, derrocamientos y Golpes de Estado a presidentes que habían sido elegidos por el voto popular. Quizás el más famoso fue el propiciado al gobierno socialista de Salvador Allende de 1973, en Chile. Estaba en marcha el Plan Cóndor, impulsado por los Estados Unidos, epicentro ideológico de la Escuela de las Américas, lugar donde enseñaron a los cuadros militares cómo eliminar a “los enemigos de la patria”, que simpatizaban con las experiencias cubanas, soviéticas o maoístas, por mencionar ejemplos, o que simplemente desplegaban "actividades peligrosas" para el régimen.
En medio de esa época de oscuridad en la cual estaba sumergido el pueblo, miles de argentinos (científicos, docentes, artistas, militantes y políticos) escaparon, exiliados, hacia diversos lugares del mundo donde encontraron asilo. La oscuridad casi total no evitó que un día de 1977, en la Plaza de Mayo de Buenos Aires, un conjunto pequeño de mujeres se reuniera para pedir por el paradero de sus hijos y nietos, de los cuales no poseían noticias porque habían sido arrancados violentamente por fuerzas estatales y paraestatales. El amor de las madres y abuelas fue mayor que el miedo al Terrorismo de Estado y la indiferencia de una parte de la sociedad que, entre festejos por la obtención de una Copa del Mundo, prefería mirar hacia otro lado y no hablar del genocidio que desangraba al país. Mientras la prensa internacional capturaba imágenes y notas hablando de las “madres rebeldes”, desnudando lo que estaba sucediendo aquí, los monopolios multimediales y distintas celebridades callaban lo que estaba pasando.
La esperanza de las madres
Inclaudicables, tenaces y firmes, a pesar de la censura, persecución e impunidad por parte del poder, las Madres no solo buscaban a sus hijos secuestrados y desaparecidos, sino que también reclamaban por sus nietos y nietas, ya que muchas mujeres detenidas estaban embarazadas. En medio del horror y la crueldad, crecía y crecía el movimiento de mujeres dispuestas a pelear hasta las últimas consecuencias por saber la verdad de sus hijos y nietos. Muchas de ellas recurrieron a la justicia internacional cuando la justicia local omitía denuncias y actuaba en conflagración con el régimen establecido. Mientras tanto, los alarmantes niveles de desempleo y pobreza acrecentados por el giro económico asumido y las dañinas implicaciones que desencadenó la derrota en Malvinas en el `82, fueron socavando el poder del gobierno de facto, cada vez más acorralado por la presión popular, ávida de retorno de los derechos civiles y políticos básicos, libertad de expresión y trabajo.
La lucha de las Madres y las Abuelas prosiguió y perduró aun tras la recuperación de la democracia de 1983. Un par de años después el Juicio a la Junta Militar y la declaración del recordado “Nunca Más” fueron bisagra en materia de Derechos Humanos, y en términos penales en juicios por crímenes de lesa humanidad, siendo un ejemplo a seguir para el resto del mundo. Porque la Memoria, la Verdad y la Justicia no proscriben con el paso del tiempo y son aun miles las personas que figuran con el triste rotulo de “desaparecidos” en Argentina, es necesario, más que nunca el grito de prohibido olvidar. Porque el paso del tiempo no borra la crueldad planificada con que se desplegó un sistema de represión letal sobre los cuerpos y las libertades de las personas y los movimientos sociales.
No olvidar que el Proceso de Reorganización Nacional aunque culminó, cumplió sus objetivos preliminares: cambiar la estructura económica del país en favorecimiento de unos pocos monopolios empresariales y en detrimento de las mayorías populares, empobrecidas por la falta de empleo y oportunidades, alcanzando hoy números estremecedores. Cumplió a su vez con la pérdida de soberanía nacional respecto a su inserción en la División Internacional del Trabajo, volviéndola a situar en un papel primario en la economía globalizada –solamente como productora de materias primas- tras el vapuleo de la industria de raigambre local, anteriormente impulsada como política activa del Estado argentino. A esto hay que añadir el proceso de extractivismo creciente sobre los recursos naturales y ambientes del territorio.
Por otro lado, y paralelamente como otro objetivo exitoso del régimen de facto figuró el aniquilamiento intensivo, mediante el Terrorismo Estatal, de los adversarios políticos y sindicales que podían dar lucha y transformación social desde espacios que nucleaban a los trabajadores organizados en todo el país. Al dislocarse y fragmentarse dichas estructuras, la incorporación acelerada del capital trasnacional fue un hecho con pocas trabas. La necesidad imperante, afirmaba el entonces ministro de economía Martínez de Hoz, era abrir lo más posible la economía al excedente de capital que andaba pululando por el mundo, y en efecto, los organismos de crédito internacional aparecían en escena otorgando a diestra y siniestra dinero que sobre endeudaba las arcas públicas de los países subdesarrollados. De este modo se aseguraba el imperio yanqui de atar a dichas naciones al sistema capitalista de occidente, como deudoras eternas, alejándolas de otras alternativas tal vez más prosperas para sus pueblos.
Otro punto importante fue la censura cultural de aquellos años de retorno conservador. Cualquier demostración de libertad cultural del momento fue reprimida, demonizada y objeto de encarcelamiento. Las modas y gustos de los más jóvenes fueron encausados hacia modos culturales más recalcitrantes y a tono con lo establecido. De allí la prohibición a escuchar música foránea, vestir a la manera hippie, llevar el pelo largo, etcétera. Políticas totalmente permisivas en lo económico y represivas desde lo político y cultural. Se reconstituían las relaciones carnales con los países anglosajones empero, dicotómicamente, se prohibía escuchar The Beatles a los chicos.
Aunque el retorno a la democracia significó en gran medida la recuperación de la vida pública para el pueblo, el sistema neoliberal ya había arraigado en el entramado productivo y cultural del país. La flexibilización laboral y privatizaciones de empresas nacionales en los noventa, más la entrega de los recursos naturales en los cuatro puntos cardinales del territorio, auspiciadas por el Consenso de Washington –y aceptada pasivamente por gran parte de la cúpula política del momento-, fue como una continuación de lo hecho bajo dictadura pero en democracia. En este sentido se señala que los efectos de aquellas políticas económicas en nuestro país llegan hasta el presente y se prolongan hacia el futuro, con la toma de una deuda ilegítima e inconsulta con el FMI por parte del ex gobierno de Mauricio Macri, y negociada en estos días por el gobierno de turno que preside Alberto Fernández, sin siquiera denunciar a los responsables de aquel fraude. Las consecuencias del pago de esa deuda monumental (ya que representó el préstamo más grande del organismo a un país) vislumbra un escenario de mayor incertidumbre económica y pobreza social, ya que de por sí se hace insostenible e inviable si se pretende un presente y un futuro mejor para los que habitan esta tierra. Cualquier discurso que legitime la deuda, legitimará a la larga el aumento de la pobreza y la depresión aletargada de la economía.
Un sistema democrático no se puede concebir si no está entramado en una economía más justa e igualitaria para todos y todas. No hay democracia que se conciba si a la riqueza de un país la detentan un grupo minoritario de empresarios y corporaciones que giran sus ganancias al exterior. No alcanza con votar cada dos o cuatro años nuestras autoridades. La desigualdad creciente y los pibes revolviendo basura para conseguir de comer es el límite a cualquier modelo de sociedad que se prefigure como viable para el pueblo. En definitiva, la supuesta igualdad jurídica es pervertida por el dinero y el poder real que siempre pone frenos a cualquier intento de avance en materia social y de soberanía.
Sin caer en teorías de ciertos sectores retrogradas de la sociedad que tildan a la democracia de insuficiente, y que conspiran con una vuelta a los tiempos más oscuros, es necesario señalar que la democracia siempre es perfectible, siempre es mejorable. Pero esta atención merece la participación continua del pueblo en la lucha por mejores condiciones de vida. Esto incluye, además de luchas de carácter económicos como el salario, jubilaciones y condiciones materiales de vida, la lucha también por nuestro ambiente, por señalar allí donde esquilman los recursos, contaminan el agua, queman nuestros bosques y saquean nuestros océanos y ríos, al que le damos la espalda mientras potencias extranjeras apropian con el menor control gubernamental.
Memoria, Verdad y Justicia es recordar aquello que aconteció hace cuatro décadas, pero debe actuar también como un espejo de nuestra realidad actual, para no olvidarnos de los responsables que torturaron y desaparecieron a más de treinta mil argentinos, y tampoco olvidar las graves consecuencias de las políticas económicas encaradas desde allí a la actualidad. Memoria, Verdad y Justicia para los desparecidos y asesinados en democracia (la mayoría de ellos por fuerzas estatales): desde Julio López a Mariano Ferreyra, desde Luciano Arruga a Santiago Maldonado, desde Rafael Nahuel a Facundo Castro...
Memoria, Verdad y Justicia es recordar la lucha sostenida durante tantos años por las Madres y las Abuelas, que no claudicaron cuando arreciaban tiempos negros y de desesperanza. Que abrieron los brazos siempre, celebrando el descubrimiento de los nietos recuperados como otra batalla ganada. Como esa luz en medio de la penumbra, alumbrando la memoria para no olvidar, NUNCA MÁS.
La Editorial de Revista Desde La Trinchera.
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